Al comenzar el siglo XVII, la estructura de la Monarquía hispánica de tiempos de Carlos I y Felipe II estaba comenzando a aparecer inadecuada, especialmente en lo referente a las relaciones de Castilla con las otras partes de la Monarquía. La política imperial había supuesto la debilidad económica de Castilla, que había corrido con la mayor parte de los gastos bélicos. A comienzos del siglo XVII, a las voces de la nobleza castellana que pedía la castellanización de todos los reinos peninsulares, se unió la necesidad de pedir dinero a los reinos que escasamente habían contribuido.

La necesidad de pedir dinero y hombres para las guerras se puso de manifiesto cuando el rey Felipe IV decidió entrar en la Guerra de los Treinta Años. Este conflicto bélico europeo se había iniciado en 1618, pero el monarca hispano Felipe III, dispuesto a intervenir en el menor número de conflictos posibles, no quiso entrar en esa guerra. Las cosas cambiaron en 1621, cuando subió al trono su hijo Felipe IV, obligado a reanudar la guerra interrumpida en los Países Bajos. Su valido, el conde-duque de Olivares, empeñado también en entrar en la Guerra de los Treinta años, pues consideraba que de no hacerlo la Monarquía hispánica se jugaba el prestigio y la hegemonía, presentó el proyecto de la Unión de Armas.

La Unión de Armas pretendía la contribución de todos los reinos con un número de soldados proporcional, para la formación de un ejército nacional. Este plan de cooperación militar prepararía el terreno para la completa unión de las provincias de la Monarquía que era el último fin del conde-duque.

El proyecto de Unión de Armas necesitaba ser aprobado por las Cortes de los distintos reinos. Tras reunir las Cortes de Valencia y Zaragoza, el rey se dirigió a Barcelona. A diferencia de Castilla, cuyas Cortes tenían como función no aprobar leyes, sino conceder impuestos, en Cataluña no podía elaborarse ninguna ley fuera de las Cortes.

Al abrirse las Cortes de Cataluña en 1626, siguiendo la normativa correspondiente, se empezó por la exposición de problemas en relación con el Principado, para luego pasar a solicitar el subsidio de mantenimiento de los 16.000 soldados asignados como contribución a Cataluña. Los catalanes se opusieron a pagar la cantidad solicitada, aunque no faltaban partidarios del rey que se enfrentaron con los adversarios. Ante el grave tumulto en las Cortes, hubieron de proceder a su disolución.

La situación planteada empezó a desbloquearse con el nombramiento de un nuevo virrey de Cataluña, el duque de Cardona. Tras conseguir de la ciudad de Barcelona una donación de ayuda al rey, éste aceptó volver a esa ciudad, en 1632, para reanudar las Cortes interrumpidas años antes. En realidad era el peor momento para solicitar dinero a Cataluña, por la mala situación económica de los años precedentes, debida a malas cosechas y ataques de la peste.

Las Cortes de 1632 no tuvieron mejor suerte que las anteriores, pero no solo por la situación de empobrecimiento de Barcelona, sino por un conflicto que estalló el mismo día que se abrieron las Cortes: los representantes de la ciudad querían ejercer su derecho a permanecer cubiertos delante del rey, y al no hacerlo, se produjo una gran indignación en Barcelona. A continuación los representantes de Barcelona no hicieron sino obstruir el funcionamiento de las Cortes. Aunque no les seguían los representantes de las otras ciudades catalanas, la situación llevó a un nuevo cierre y aplazamiento de las Cortes.

La situación se empeoró con la guerra franco-española iniciada en 1635, que exigía más dinero y más hombres, y además la necesidad de mantener un ejército en Cataluña por su frontera con Francia. Ni siquiera el peligro de una invasión francesa movió a los catalanes a enrolarse en el ejército.