La constitución de proclamó el 19 de marzo de 1812 (día de San José, de ahí el nombre de La Pepa, con el que se le conoció popularmente). Todos los diputados la aceptaron y su primera lectura se hizo frente al palacio de la Regencia de Cádiz, bajo un retrato de Fernando VII. Una enfervorizada multitud contempló el acto pese a que llovía torrencialmente.

La Constitución de 1812 consta de un extenso prólogo, redactado por Agustín de Argüelles, con 10 títulos y 386 artículos. Se inspira en los principios liberales (soberanía nacional, división de poderes, igualdad ante la ley) de la constitución francesa de 1791, excepto en el tema religioso: la única religión aceptada por el Estado español era la católica. Esta solución permitió llegar a un acuerdo con los diputados absolutistas.

Se determina la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo está en manos del rey, cuyos ministros tienen que responder ante las Cortes. El poder legislativo reside en las Cortes unicamerales que legislan conjuntamente con el Rey. El rey no puede impedir que se celebren las Cortes ni suspenderlas (pero sí doble derecho de veto), no puede imponer impuestos ni conceder privilegios, y no puede conducir la política exterior sin ser supervisado por las Cortes. El poder judicial reside en tribunales independientes, en los que no pueden intervenir las Cortes ni el Rey.

La constitución de 1812 reconoce derechos individuales como el de propiedad, la inviolabilidad del domicilio, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la eliminación de la tortura y la limitación de un día como máximo al detenido antes de prestar declaración ante el juez.