El cambio de dinastía trajo una nueva organización de la monarquía que se acercaba a los modelos franceses: una estructura legal más unificada, la sustitución de los consejos por las secretarías de despacho, y las intendencias como nueva organización territorial.

Los reinos de la Corona de Aragón habían sido rebeldes a la presencia borbónica en España durante la Guerra de Sucesión. Según concluía el conflicto, se suprimieron los privilegios, fueros e instituciones autónomas de Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares, mediante los Decretos de Nueva Planta, que significaban el establecimiento de la uniformidad política, legal y judicial para todos los territorios de España (contraviniendo lo expresado en el testamento de Carlos II).

Se hicieron algunas excepciones de tipo fiscal en Cataluña (creación del Catastro), pero en general las medidas provocaron un gran resentimiento en estos reinos, pese a los efectos positivos en cuanto a la modernización de la administración y al desarrollo económico.