Legislación española

La Constitución Española regula el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión en su artículo 20:

  • el reconocimiento de la libertad de expresión se encuentra en el apartado A del artículo 20
  • el reconocimiento expreso del derecho de información, que reconoce el derecho a comunicar o recibir información veraz de cualquier medio de difusión, se incluye en el apartado D del mismo artículo.

Sobre el derecho de la información

Sobre el acceso a la información

  • El derecho de acceso a archivos y registros públicos –que permite reunir datos para elaborar información en los medios de comunicación- se recoge en el artículo 105, apartado B de la Constitución, aunque posteriormente se ha ido ampliando y complementando por:
    • La ley 16/ 1985 por la cual se reconoce como principio general la posibilidad de acceso libre a los patrimonios artísticos, salvo a materias clasificadas y documentos que afecten a la intimidad de otras personas.
    • El artículo 37 de la ley del 30/1992 que reconoce derecho al acceso, pero que admite que éste puede verse restringido por el derecho a la intimidad
    • La ley 38/ 1995 que permite la información respecto al medio ambiente
  • Las limitaciones al acceso de la información se encuentran en la ley Ley de Secretos Oficiales, dictada durante el franquismo en 1968, aunque ha sido reformada posteriormente.
  • Los datos estadísticos también están cubiertos por secreto, aspecto regulado por la ley 12/1989.
  • El artículo 120 de la Constitución establece excepciones al derecho a la información con el fin de proteger las acciones judiciales.

La garantía y protección del ejercicio de las libertades de expresión e información están recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española.

Medios de comunicación públicos

La Constitución Española prevé en su artículo 20.3 que “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”.

La ley 37/1995 de telecomunicaciones por satélite abandona la estricta nominación de servicio público por la de servicios de interés general o de interés público.

En 2006, se aprueba la “Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal” por la cual se establecen los principios básicos, la organización, los instrumentos, etc. de la corporación de RTVE. Establece que ésta debe asegurar la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española.

El derecho a crear medios de comunicación

Aunque no está recogido de forma específica, este derecho está incluido dentro del artículo 20, apartado I, letra A de la Constitución. También está relacionado con el artículo 38 que reconoce la libertad de la iniciativa privada para crear empresas de comunicación.

Frente al monopolio de RTVE, el derecho de antena se creó tras la jurisprudencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 12/1982, más conocido como el caso de Antena 3, y que fue la base del derecho de creación de los medios de comunicación. Esta sentencia sostiene que el derecho a la creación de medios de comunicación está al servicio del derecho a transmitir opiniones e informaciones, es decir, se encuentra subordinado al derecho de información y al de la libertad de expresión.

6 años después, con la ley 10/1988 de Televisión Privada y el Plan Técnico de Televisión Nacional, se creó el marco normativo de la Televisión Privada.

Regulación de los medios de comunicación

Hoy en día, la ordenación jurídica de las televisiones está regulada por un conglomerado de normas:

  • Ley General de Telecomunicaciones de 2003 por la cual se dice que la gestión de la televisión por satélite se realizará por autorizaciones administrativas, y responderá a un interés general, no de servicio público.
  • Ley 66/1997 de medidas fiscales, administrativas y de orden social por la cual se regula la televisión digital.
  • Real Decreto 410/2002 de 3 de mayo, por el que se desarrolla el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, y se establecen criterios uniformes de clasificación y señalización para los programas de televisión.
  • Ley 22/1999 de 7 de junio, de Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
  • Real Decreto 1462/1999 de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación a emitir, y se desarrollan otros artículos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.
  • Decreto foral 313/1996 de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de la gestión, mediante concesión administrativa, de servicio de televisión local por ondas terrestres en la Comunidad Foral de Navarra.
  • Ley 17/1996
  • Ley 25/1994 de 12 de julio,
  • ley de Televisión sin Fronteras, de 1994 por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales y administrativas de los países miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión.

Estatutos del periodista

El primer Estatuto de la Protección Periodística data de 1967. Se redactó para complementar a la ley de prensa de 1966 y fue derogado con la aprobación de la Constitución Española. Su artículo 1 definía a los periodistas como aquellos que “figuren inscritos en el registro oficial de periodistas en la fecha de promulgación del real decreto, estos son del primer grupo […] también son periodistas, los licenciados en ciencias de la información sección de periodismo, debían ser licenciados una vez estuvieran colegiados en la Federación Nacional de Asociación de la Prensa o inscritos en el registro oficial de periodistas, estos son del segundo grupo”.

En 1988, el Parlamento de Catalán intentó establecer mediante una ley la exigencia de pertenecer a un colegio profesional de periodistas para poder ejercer la profesión. Fue rápidamente modificada.

Estatutos de redacción

Son pactos voluntarios establecidos por convenio entre la empresa informativa y los periodistas. RTVE posee un estatuto de información, aprobado en abril de 2008, en el cual se incluyen los principales elementos reguladores de la actividad de los profesionales de la Corporación de RTVE.

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