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Concepto de Estado de Derecho
Un "Estado de Derecho" es un estado sometido a la ley. En un Estado de Derecho la ley
determina lo que cada una de las instituciones del Estado puede hacer y lo que no, establece
las condiciones y los límites de la acción legítima de todos los componentes del Estado.
En un Estado de Derecho nadie puede hacer nada que no permita la ley: ni los ciudadanos
ni ninguna de las instituciones que les gobiernan. El presidente del gobierno, los ministros,
los gobiernos autonómicos o regionales, los ayuntamientos, el parlamento, los jueces...,
todos deben cumplir la ley sin excepción. Y si no lo hacen, deben responder de ello ante
la autoridad judicial (que, como todas las demás instituciones del Estado, se halla
también sometida a la ley).
Por todo ello, es frecuente referirse al Estado de Derecho como a un "imperio de la ley".
La división de poderes
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Pero ¿de dónde obtienen los ciudadanos de un país la garantía de que se hallan
realmente en un Estado de Derecho, en el que la actuación del gobierno se halla sujeta
a la ley en la misma medida que la suya propia? Los seres humanos inventaron hace algo
más de doscientos años un procedimiento político para establecer esta garantía. Se trata de la
división del poder del Estado.
El Estado tiene el poder de hacer las leyes, de aplicarlas y de juzgar si se cumplen
adecuadamente. En un Estado democrático, la ciudadanía -que es a quien corresponde por
derecho la soberanía- ha otorgado tal poder al Estado. Pero si las tres funciones
mencionadas recayeran sobre la misma persona o institución política, los ciudadanos
nunca podrían estar seguros de que dicha persona o institución no está utilizando en
su propio beneficio el poder que ellos mismos le han otorgado. Por eso, dos de los más
importantes filósofos políticos de la Modernidad, el británico
John Locke
y el francés
Montesquieu,
sugirieron que lo mejor era encomendar el desempeño de cada función fundamental del
Estado a una institución distinta, separada e independiente de las demás: a una le
correspondería hacer las leyes, a otra aplicarlas o ejecutarlas y a una tercera,
juzgar si las leyes se están cumpliendo e imponer sanciones o penas a quien las incumpla.
De este modo,
el poder del Estado quedaría divido en tres poderes,
cada uno de los cuales correspondería a una institución distinta:
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El poder de hacer las leyes, llamado
poder legislativo,
correspondería al Parlamento (en algunos campos, a las cámaras autonómicas o a los
plenos municipales).
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El poder de aplicarlas o ejecutarlas, llamado
poder ejecutivo,
correspondería al Gobierno (central, regional o municipal).
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Y el poder juzgar el grado de cumplimiento de las mismas por parte de todos los
ciudadanos e instituciones del Estado, llamado
poder judicial,
correspondería a los Tribunales de Justicia.
Cada una de las instituciones que tienen la responsabilidad de ejercer alguno de los poderes
del Estado debe actuar con autonomía y con independencia de las instituciones que ejercen los
otros poderes del Estado; y, sobre todo, no debe inmiscuirse en las decisiones que éstas
adoptan legalmente en el ámbito de sus competencias. Así, en un Estado de Derecho, el
Parlamento, el Gobierno y la Judicatura deben respetar su mutua independencia, sin invadir
ninguno de ellos las competencias de las instituciones responsables de ejercer los otros
poderes del Estado.
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