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El principio de la mayoría
Por otra parte, es obvio que no todos los ciudadanos piensan lo mismo respecto de las
mismas cosas. A menudo, albergan creencias o puntos de vista contrapuestos, irreconciliables
o antagónicos. Esto supone un problema desde el momento en que todos los ciudadanos deben
estar sujetos a las mismas leyes y deben acatar las decisiones de un único gobierno. La
forma democrática de abordar este problema es someter la voluntad de todos a la voluntad d
e la mayoría. El filósofo holandés
Baruch de Spinoza
lo expuso con claridad meridiana en pleno siglo XVII:
"En el gobierno democrático […] todos los ciudadanos se obligan por un pacto a conformar
a la voluntad común sus actos, pero no sus juicios y sus sentimientos, es decir, que todos
los hombres, no pudiendo profesar sobre las mismas cosas idénticas opiniones, han establecido
que adquiera fuerza de ley aquella medida que tenga la mayoría de los sufragios, conservando,
no obstante, el poder de reemplazar esta medida por otra mejor, si [ulteriormente] se
encontrase" (B. de Spinoza, Tratado teológico-político).
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Es preciso reconocer que la voluntad de la mayoría constituye el indicador más fiable de
la voluntad general. Y puesto que, en una democracia, la
voluntad general
debe ser el origen y la fuente de las leyes, de ahí se sigue que las leyes aprobadas por
mayoría -según el procedimiento legal establecido- deben ser de obligado cumplimiento
para todos los ciudadanos, por más que no sean del agrado de todos ellos.
Puede decirse, entonces que una sociedad democrática se funda sobre la base de un "pacto"
según el cual cada ciudadano se compromete a cumplir las leyes y respetar las decisiones
que se acuerden por mayoría (siempre que se haya seguido escrupulosamente el procedimiento
legal establecido).
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